El futuro de la educación pública en Oaxaca

Por Samael HERNÁNDEZ RUIZ

Educación, Política y Derecho.

El gobierno del estado de Oaxaca (2016-2022), enfrenta retos formidables en casi todos los frentes, pero sobre todo en materia educativa.

Si la constitución federal establece que la educación básica es obligatoria (preescolar, primaria y secundaria), implica entonces no sólo el deber del ciudadano de enviar a sus hijos a la escuela, sino también la obligación del Estado de garantizar, de esta última, su disponibilidad, acceso, aceptabilidad, pertinencia y el cumplimiento de las expectativas en cuanto a sus resultados.

Garantizar lo anterior no sólo exige recursos de todo tipo, sino la capacidad del Estado de hacerlo en términos de equidad y con apego a la ley; y aquí aparece una primera dificultad. Porque si bien el Estado mexicano en la declaración de sus personeros afirma su voluntad de hacer lo que está obligado a hacer, bajo los criterios de equidad, inclusión, calidad, etc., las leyes mexicanas relativas a la regulación de la operación de las escuelas y la asignación de recursos, llevan gradualmente a la configuración de un mercado de oportunidades o a la asignación centralizada de recursos, sobre todo económicos, mercado en el cual deben competir las escuelas (Gómez Tagle Modragón, 2017). Lo anterior es necesario observarlo, porque convierte la obligación del Estado en una oferta disponible sólo para quienes tienen la capacidad de participar en dicho mercado y eso es, por su propia naturaleza, una condición de exclusión que, por otra parte, lleva a una ineficiente asignación de recursos derivada de su forma descentralizada.

Referirse a la ley como el marco que establece el deber del Estado mexicano en materia educativa, pone en evidencia la contradicción entre lo que los expertos llaman el “espíritu de la norma jurídica” y el derecho consuetudinario. En consecuencia, todas las pretensiones de calidad e inclusión de las políticas públicas, estarían limitadas por el cuerpo de normas que regulan la aplicación de los recursos públicos. En otras palabras, nos encontramos ante la paradoja de que el derecho constitucional a la educación se hace operar con una lógica de mercado.

Por lo que hemos dicho anteriormente, es difícil aceptar la hipótesis que el Estado mexicano asumirá la tarea de reformarse a sí mismo. Por lo tanto, habrá que considerar la posibilidad de una acción externa al Estado que presione hacia su transformación para los efectos aquí planteados, una de esas externalidades son los movimientos sociales y las organizaciones ciudadanas; pero los movimientos sociales no son entidades exentas de problemas en sus estructuras internas y en las formas como se vinculan a su entorno (Zermeño, 1994, pp. 461–486).

Los movimientos sociales.

Los movimientos sociales adquirieron relevancia y atención por parte de los científicos sociales, sobre todo a partir de los años sesenta. Aunque las primeras aproximaciones a este fenómeno social respondieron al interés de explicar las causas de su “disfuncionalidad”, posteriormente su tratamiento académico se fue orientando hacia la posibilidad de conceptualizarlo como una acción colectiva susceptible de operar como factor de cambios en la sociedad, no necesariamente disfuncionales.

Con este último enfoque, el primer congreso mexicano sobre estudio de los movimientos sociales, realizado en octubre de 2016, congregó tanto a académicos como a militantes sociales, para reflexionar al respecto[1]. Enseguida, expondré algunas consideraciones a partir de algunos temas que fueron debatidos en dicho congreso y que resultan pertinentes para el presente análisis.

La criminalización de los movimientos sociales no parece ser el centro de la preocupación de algunos especialistas; para Manuel Antonio Garretón (Chile)Alberto Acosta (Ecuador)  y Luis Tapia Mealla ( Bolivia)[2], el tema de la criminalización de los movimientos sociales fue desplazándose gradualmente hacia otro no menos importante.

La criminalización es descrita como la reacción “natural” de los gobiernos neoliberales. Nada tiene pues de extraño que los movimientos sociales sean criminalizados por el Estado, a pesar de los discursos de la transición a la democracia o los derechos humanos, sobre todo si los movimientos sociales hacen uso de la violencia, por lo que discutir la legitimidad de la violencia ejercida por los movimientos sociales resulta pertinente.

Al parecer, la inevitabilidad de la protesta violenta deriva muchas veces de la violencia del Estado neoliberal, pero el problema se complica cuando se observa que incluso en gobiernos que proceden de los movimientos sociales como lo fue el caso de Ecuador durante la administración del presidente Rafael Correa (2007-2017), se criminaliza y reprime la protesta (Acosta). Funcionarios públicos que fueron militantes activos de movimientos sociales, una vez que llegan a cargos de gobierno parecen olvidarse de su origen político que además de su corrupción y de actuar en contra de los intereses de los movimientos sociales, reprimen y encarcelan a dirigentes populares y los presentan como enemigos de la democracia y del progreso del pueblo.

En menor escala, expresiones como las anteriores pueden observarse en Oaxaca en la conducta de funcionarios públicos que fueron apoyados por organizaciones civiles, sindicales y movimientos sociales, y que después actuaron en contra de los intereses de sus antiguos aliados o incluso los reprimieron, estos hechos, diría Garretón, se explican porque al final el Estado opera para la gobernabilidad.

Es posible que esta “impermeabilidad” del gobierno haya llevado a que algunos movimientos sociales cuestionen la representatividad como forma para hacer efectiva la defensa de sus intereses (Luis Tapia). En efecto, en algunos movimientos sociales se ha optado por fortalecer espacios políticos internos, donde no hay delegación de autoridad, ni representatividad, sino presencia directa para actuar y opinar. Ejemplos de esta estrategia se observan en Los Sin Tierra del Brasil y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) mexicano.

En Bolivia un gran frente de sindicatos campesinos, al conservar sus espacios políticos internos han logrado evitar que el partido político que los representaba se independizara de la base social que le daba sustento. El caso contrario parece ser el Movimiento de Reunificación y Lucha Triqui (MULT) oaxaqueño, que terminó en conflicto con su propia creación, el Partido Unidad Popular (PUP).

Estas experiencias permiten al menos poner en duda la representatividad política de los partidos en sí mismos o en el gobierno, como un instrumento aprovechable por los movimientos sociales. No obstante, la representatividad tiene aún una fuerte carga ideológica que hace suponer que si un representante es electo democráticamente, transforma su esencia y encarna, como por arte de magia, la substancia del movimiento social que le delega la representación. La experiencia de los movimientos sociales, parece mostrar que eso no sucede, al menos, con la mayoría de sus “representantes”. Finalmente, podríamos concluir que en algunas experiencias se pone en duda la efectividad de la democracia popular representativa en el ámbito de los movimientos sociales.

Por su parte, Armando Bartra articula un discurso con la intención de romper con cualquier asomo de prejuicio o modelo de comprensión pre-establecido. Propone una paradoja para describir a los movimientos sociales: una irrupción efímera en la normalidad social en la que los actores de la irrupción son vencidos, pero terminan por vencer al propiciar, con el tiempo, un cambio no previsto (Bartra, 2016).

Los ejemplos de movimientos sociales o luchas revolucionarias derrotadas son muchos, abarcan una dimensión temporal que va desde Espartaco en la antigua Roma, hasta el movimiento mexicano Yo soy 132, en los que es posible documentar sus derrotas o descomposición. La derrota parece ser la inevitable premisa que reclama cualquier cambio social. ¿Cómo es posible comprender esta paradoja?

Los movimientos sociales son irrupciones en la normalidad de la vida social que provocan asombro, libera las tensiones del pensamiento pesimista de que nada cambia y propicia la celebración y la fiesta en medio de la lucha. Es una catarsis colectiva que llena de esperanza y felicidad. Los movimientos sociales son una contingencia, la emergencia de lo no pensado que hace posible lo imposible. Es una experiencia desnuda en tanto pone al descubierto las debilidades del sistema.[3]

A pesar de su fuerza y la energía esperanzadora que liberan, los movimientos sociales son muchas veces derrotados, sin embargo, eso marca su posibilidad transformadora. Armando Bartra afirma que lo anterior sólo se puede explicar por la permanencia de la memoria, no una memoria colectiva, sino una narrativa social que se va comunicando, una narrativa que evoca la esperanza, la alegría y la derrota del movimiento social, una narrativa iluminadora que señala las debilidades de lo establecido, que muestra que una vez fue posible vivir de otra manera y que el retorno a la normalidad es solo una apariencia.

Esa narrativa que se filtra primero en las comunicaciones cotidianas, termina por filtrarse con el tiempo en las comunicaciones de las instituciones del propio status quo. El Viejo Topo trabaja socavando los cimientos del sistema. La Vieja Tusa no descansa, se reproduce exponencialmente en cada comunicación y en cada acción de su ámbito de irradiación, hasta que el suelo colapsa y la sociedad se transforma respondiendo mejor a la narrativa evocadora. Bartra parece decir: la derrota no es mala, sólo muestra el precio que hay que pagar para poner al descubierto las debilidades del sistema capitalista.

Pero ¿cómo explicar el triunfo de algunos movimientos sociales? El triunfo sería quizá hasta pecaminoso para Bartra, pero no para Sergio Zermeño.

Zermeño (Zermeño, 2016) parte de establecer un hecho: la globalización está llevando a la unificación de los paradigmas de las ciencias sociales y al surgimiento de rincones de fuerza y de refugio ante la explotación y la desintegración de las estructuras sociales.

De acuerdo con Zermeño, el sistema se colapsa, pero la forma de la caída es diferente: en las metrópolis capitalistas la caída es tan suave como inevitable; pero en regiones como México, la caída es brutalmente libre, newtoniana. Baste pensar, dice, en los miles de muertos que dejó la guerra contra el narco en los tiempos de Felipe Calderón, el desempleo atroz, las crisis de los sistemas educativos y de salud, entre otras consecuencias; la caída en México no tiene red de protección.

Mientras tanto las voces de los optimistas afirman que, pese a todo, las virtudes y beneficios de la modernidad se extenderán por el mundo para ofrecernos una solución, a fuerza de voluntad y un comportamiento ético ya sea individual o colectivo. Para Zermeño lo anterior no invalida un hecho: la feroz explotación neoliberal está obligando a la unidad tanto en el actuar, como en la imaginación de un mundo mejor.

Frente a esta acción unitaria, continúa diciendo Zermeño, además de la represión abierta, existen dispositivos encubiertos, igual o más peligrosos. Hay una tendencia a eliminar o al menos a reducir el número de científicos sociales. En Japón el gobierno conminó a las universidades para abolir a las ciencias sociales en aras de disciplinas más útiles para el desarrollo social. En México, la matrícula de estudiantes de ciencias sociales y disciplinas humanísticas se ha reducido a la mitad. Si bien es cierto, acepta Zermeño, que las ciencias sociales no pueden reducirse a una profesión de campo como la medicina o las ingenierías, es urgente que se le dé prioridad a la aplicación de los saberes de aquellas en lugar se insistir en la comprensión de las rupturas del orden social.

En otras palabras, hay que pasar de la idea de movimiento social de confrontación a la idea de reconstrucción social, y con ellos avanzar en la articulación comprometida de los saberes universitarios para la reconstrucción de lo regional.

Por su parte, John Holloway hace dos advertencias que podrían ser las restricciones que se imponen a las propuestas tanto de Bartra como de Zermeño:

• Los movimientos rebeldes no son parte del sistema.
• En esta lucha por transformar a la sociedad, los agresores no son los gobiernos ni los ricos, es el capital que sustituye las relaciones humanas por otras mediadas por el dinero (Holloway, 2016).

Se plantea entonces la cuestión de cómo reconocer una ubicación “fuera del sistema” y desde dónde observar relaciones sociales no mediadas por el dinero. Responder a esas cuestiones es necesario si no se quiere caer en las redes de una utopía fundamentalista que lleve al suicidio colectivo. No obstante, las restricciones de Holloway deben tomarse en cuenta, porque suponen una perspectiva radical del cambio social que no se ha discutido suficientemente.

En resumen, los movimientos sociales pueden ser expresiones útiles para propiciar algunos cambios sociales, a condición de que superen cierta “socio-patología” o sean capaces de una autorreflexión que les permita comprender su propia lógica y alcances. En el caso de Oaxaca, la problemática de los movimientos sociales se ubica en ambas dimensiones.

El caso de Oaxaca.

En el caso de Oaxaca la problemática educativa debe considerarse en función del tiempo y la oportunidad. La población de Oaxaca aún es joven, pero en tres o cuatro décadas comenzará un proceso notable de envejecimiento. El porcentaje de la población con el potencial y la oportunidad para educarse disminuirá y si las condiciones del sistema educativo no varían, el número de personas con bajos niveles de escolaridad se incrementará al grado que será prácticamente imposible superar ese rezago con respecto al resto del país y del mundo.

Oaxaca concentra el 3.4% de la población de México, el total de habitantes estimado para el año 2017, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO) es de 4´061,497.

La población es aún joven en su mayoría, pero debido a la reducción de la tasa de fecundidad observada en las últimas décadas, al incremento de la esperanza de vida y a la disminución de la tasa de mortalidad infantil, se espera durante la próxima década, que se observen cambios en la estructura etaria de la población en una transición hacía el predominio de población adulta en un porcentaje alto. En otras palabras, para 2030, Oaxaca entrará en un proceso de envejecimiento de su población si las variables demográficas siguen la tendencia observada hasta ahora.

Lo anterior significa que en un poco más de una década, Oaxaca perderá las oportunidades que le brinda tener una población en un 50% menor de 23 años.

Estas tendencias indicarían que los dos próximos gobiernos del estado, tienen la imperiosa necesidad de aprovechar el bono demográfico para: incrementar el nivel de escolaridad de la población al menos a 13 grados en promedio (bachillerato terminado). Lo que implica que la actual administración tendría el reto de llevar a la población del actual 7.5 grados a 10.2 grados de escolaridad promedio.

El incremento de 2.7 grados implica una radical política de calidad y estrategias de oferta educativas de una amplitud sin precedentes; el costo de no hacerlo, es que Oaxaca quede, a partir de 2050, como una fuente permanente de rezago educativo que significaría una tremenda carga para el resto del país, con las consecuencias de pobreza y una gran inestabilidad social.

El promedio de escolaridad de la población es un indicador del impacto del sistema educativo en una sociedad determinada. En Oaxaca en 1980, el promedio de escolaridad de los oaxaqueños era de 2.8 grados de educación básica, en tanto que el nacional era de 4.6. En el año 2004, el promedio de escolaridad en Oaxaca fue de 6.4, mientras el nacional se estimó en 8.0 grados. En 2015, el promedio de escolaridad de los oaxaqueños fue de 7.5 y el del país de 9.2 grados (INEE, 2017, p. 52).

En 1980, 1.8 puntos porcentuales separaban a Oaxaca del resto del país; para el año 2004 fueron 1.6 puntos porcentuales; pero en 2015 la diferencia fue de 1.7 grados. Lo anterior significa que la brecha se amplía, misma que se acrecentará en los próximos treinta años hasta ser prácticamente insuperable en 2050.

Así, en 2030, mientras el país logrará tener, en promedio el bachillerato terminado, los oaxaqueños tendrán 9 grados de escolaridad si la brecha sigue comportándose como hasta ahora, el oaxaqueño promedio, no tendrá educación básica completa.

El rezago educativo en 2015 se estimó en 1´414,000 oaxaqueños analfabetos o sin educación básica completa, es decir, el 50.59% de la población de 15 años o más en ese año (INEGI, 2017). Si mantenemos constante el rezago y lo comparamos con el total de población matriculada en el sistema educativo para el ciclo escolar 2015-2016 que fue de 1,249,724 la razón es de 1.13[4].

Con el presupuesto federal para atender a estas poblaciones no ocurre los mismo. En 2017, el gobierno federal destinó solo a educación básica, 21,746.7 millones de pesos y para la educación de adultos, 130.7 millones (Centro de Estudios de las Finanzas Públicas., 2017, p. 7). La razón de dichos fondos, es de 0.0060[5]. Si el presupuesto fuera proporcional al tamaño de las poblaciones, el presupuesto destinado a la población en situación de rezago educativo tendría que ser de 24,573.7 millones de pesos en 2017.

El Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca.

Asumiendo la hipótesis de que el Estado difícilmente modificará sus políticas, y menos aún el marco legal que las regula, habrá que considerar que la principal fuerza de presión social es el Movimiento Democrático de los Trabajadores de la Educación de Oaxaca (MDTEO) de la Sección XXII del SNTE.

El MDTEO ha pugnado por establecer el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO) (Hernández Ruiz, 2017). En su origen, dicho plan era una réplica del Acuerdo por la Calidad de la Educación (ACE), pactada entre el gobierno federal bajo la presidencia de Felipe Calderón Hinojosa y la entonces presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales (Ornelas, 2012). La propuesta evolucionó hasta lo que es ahora el PTEO, que no difiere mucho del planteamiento de la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto en cuanto a su eje articulador Colectivo-Proyecto,[6] pero sí en lo que respecta a la evaluación.

En la práctica, la aplicación del PTEO presenta varias limitaciones, la primera de ellas es que muchos maestros de base no la comprenden, la segunda es la movilidad de uno de los principales actores, los propios maestros, que no permanecen mucho tiempo en el medio rural marginado, tampoco se integran a la vida de la comunidad, ni asumen sus pautas culturales (Cardoso Jiménez, 2016), la tercera es la necesidad de recursos para financiar el PTEO, mismos que el MDTEO exige que sean otorgados por el propio Estado.

Quizás el principal problema para considerar al MDTEO un movimiento social capaz de transformar las actuales condiciones en las que operan las políticas públicas y su marco normativo, es su aparente desinterés por los problemas de naturaleza educativa y más aún si se refiere a la población en situación de rezago, para la cual no parecen tener algo que ofrecer.

El MDTEO parece encerrado en un radicalismo que no le permite construir propuestas que gradualmente provoquen la emergencia de transformaciones sociales de mayor alcance. Su discurso se agota en demandas, en su mayoría de carácter político, que difícilmente pueden encontrar respuestas del gobierno federal y estatal, al menos en el corto plazo. El MDTEO se sustenta en la estructura de una organización sindical, la Sección XXII del SNTE (S22), que ha abandonado sus funciones laborales[7] y opera como una especie de eje articulador de la protesta social orientada al conflicto sistemático con demandas contenciosas (Estrada Saavedra, 2015, p. 287) (Comité Ejecutivo de la Sección XXII del SNTE, 2017), que no son demandas derivadas de sus condiciones laborales.

La dualidad observable  S22/MDTEO, lleva a la consideración de que es un fenómeno poco estudiado, tanto así, que su tipo no encaja en ninguna de las consideraciones que hemos descrito en el inciso “Los movimientos sociales”, de este documento, y por tanto, merece de mayor atención para comprender sus estructuras internas y la manera como se relaciona con su entorno; lo anterior es más apremiante, porque dicha ambigüedad en su acción resulta más un obstáculo para la transformación de las políticas educativas del Estado y la reforma de su marco regulatorio, que un apoyo para la población excluida del sistema educativo.

El gobierno del estado de Oaxaca.

El gobierno del estado presentará, en unos meses[8], su plan estatal de desarrollo 2016-2022 y con él sus propuestas para mantener los servicios de educación pública, la problemática que visualiza y las estrategias para solucionarla; pero lo que proponga, se encontrará con la inflexibilidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las limitaciones presupuestales y las reglas de operación de los programas educativos que alientan, como se ha dicho, un mercado de oportunidades en el que la mayoría de las escuelas públicas de Oaxaca difícilmente podrá participar.

Los instrumentos que actualmente determinan la coordinación del gobierno del estado y el federal, están diseñados para un ejercicio vertical y centralizado del poder, en el cual un federalismo participativo, incluyente y equitativo queda fuera. En ese contexto, las cámaras de representantes (diputados y senadores) deberían jugar un papel importante que no juegan y que difícilmente harán debido a la forma en como opera el sistema político mexicano, que se puede calificar con la etiqueta de partidocracia.

No obstante, la reforma educativa federal no sólo puede aplicarse en Oaxaca, puede incluso mejorarse y profundizar sus propuestas pertinentes a las características de la entidad; para ello  se requiere de una política federal menos prescriptiva y más proactiva, es decir que asigne recursos proporcionales al grado en que los estados contribuyan a la solución de los grandes problemas educativos nacionales, como el del rezago educativo, crucial para Oaxaca.

Si lo anterior fuera posible, queda el asunto de la conflictividad sistémica de la S22/MDTEO que mantiene copado al sistema de educación básica y con esto pone en cuestión hasta dónde en Oaxaca la escuela sigue siendo pública (en el sentido comúnmente aceptado), cuando se le impide al gobierno la administración directa de las mismas, el acceso a la información básica sobre su funcionamiento; cuando no se respeta el calendario escolar y cuando el gobierno certifica aprendizajes a ciegas, porque ni se aplican los programas oficiales, ni se aplican cabalmente las propuestas del PTEO y menos se evalúan.

Quizás la solución para esto último, esté en el cambio del atributo público de la escuela, es decir, no limitar lo público al sostenimiento y regulación del Estado, sino a la participación, exigibilidad y judicialización del derecho a la educación (Latapí, 2009) por parte de los padres de familia y los sujetos cuyos derechos se tutelan. Los padres de familia jugaron un papel importante en la última jornada de protestas de la S22/MDTEO, en buena medida fueron ellos quienes obligaron al regreso a clases a pesar y en contra de las pretensiones sindicales de no regresar a las aulas.

Esto último perfila una alternativa de solución que no gustará al gobierno mexicano ni al MDTEO, pero que los actores colectivos afectados o beneficiados por la educación deberían considerar seriamente si desean provocar cambios en el marco normativo actual y procurar un impulso al desarrollo educativo en la entidad.

Bibliografía.

Bartra, A., 2016. Realidades y retos de los movimientos sociales en México. Intervención del Dr. Armando Bartra., Primer Congreso Nacional de Estudio de los Movimientos Sociales. México. Movimientos Sociales., México D.F.

Cardoso Jiménez, C., 2016. Formas de gobierno y resistencia sindical en tiempos de reforma educativa. Caso de los maestros y maestras de Oaxaca de la Sección XXII del SNTE-CNTE. Universidad Iberoamericana, México.

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas., 2017. Recursos identificados para el estado de Oaxaca en el presupuesto de egresos de la federación 2017., Primera edición. ed. Cámara de Diputados LXIII Legislatura., Ciudad de México.

Comité Ejecutivo de la Sección XXII del SNTE, 2017. Pliego petitorio estatal.

Estrada Saavedra, M., 2015. Sistemas de protesta : esbozo de un modelo no accionalista para el estudio de los movimientos sociales, 1^a$. ed. El Colegio de México A.C.

Gómez Tagle Modragón, M.E., 2017. Los programas federales o de cómo la obligación estatal del financiamiento se convirtió en privilegio. Rev. Nexos Blog Educ.

Hernández Ruiz, S., 2017. Educación y Protesta. Cinco ensayos sobre sindicalismo y educación., Primera edición. ed. Bisiá Editores A.C./ Amazon, Ciudad de México.

Holloway, J., 2016. Realidades y retos de los movimientos sociales en México. Intervención del Dr. John Holloway., Primer Congreso Nacional de Estudio de los Movimientos Sociales. México. México D.F.

INEE, 2017. La educación obligatoria en México. Informe 2017., Primera edición. ed. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación., Ciudad de México.

INEGI, 2017. Encuesta Intercensal 2015. Inst. Nac. Estad. Geogr.

Latapí, P., 2009. El derecho a la educación: su alcance, exigibilidad y relevancia para la política educativa. Rev. Mex. Investig. Educ. 14, 255–287.

Ornelas, C., 2012. Educación, colonización y rebeldía. La herencia del pacto. Siglo XXI.

Zermeño, S., 2016. Realidades y retos de los movimientos sociales en México. Intervención del Dr. Sergio Zermeño., Primer Congreso Nacional de Estudio de los Movimientos Sociales. México. México D.F.

Zermeño, S., 1994. Estado y sociedad en el neoliberalismo dependiente. Rev. Mex. Sociol. LVII, 109–134.

[1] El primer Congreso Nacional para el Estudio de los Movimientos Sociales. Repensar los movimientos sociales. Diálogos entre saberes y experiencias, se realizó en la Ciudad de México durante los días del 17 al 21 de octubre de 2016 y fue organizado por la Red de Mexicana de Estudio de los Movimientos Sociales. ( http://www.redmovimientos.mx/2016/, consultado el 11 de mayo de 2017).

[2] Los comentarios hacen referencia a la intervención de estos investigadores en el Primer Congreso Nacional para el Estudio de los Movimientos Sociales al que nos hemos referido.

[3] El subrayado es nuestro.

[4] Se divide el total del rezago educativo entre el total de matrícula del servicio educativo de carácter público.

[5] Se divide el presupuesto de educación para adultos entre el presupuesto de educación básica para el año citado.

[6] La propuesta metodológica del PTEO, propone la organización de colectivos docentes que podrían incluir a los padres de familia, para operar proyectos didácticos que incluirían a los saberes comunitarios.

[7] En el pliego de peticiones que presentaron al gobierno del estado, las tres primeras demandas centrales son de carácter político y con pocas posibilidades de que sean resueltas, en el marco de la ley, por el gobierno federal o estatal.

[8][8] Este artículo fue escrito a finales de mayo de 2017.